LISTIN DIARIOJulio Ortega Tous - 10/20/2009
El nuevo acuerdo con el FMI es fundamentalmente positivo. Con la publicación de la Carta de Intención y el Memorando de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) podemos hacer un breve balance de su contenido y posibles efectos. Bien afirma el MPEF que la caída de los ingresos fiscales del Gobierno en la primera mitad del 2009 (11%) y la imposibilidad de cubrir ese déficit con financiamiento local o internacional, convirtió la política fiscal en pro-cíclica, de manera involuntaria. ¿Qué significa una política fiscal pro-cíclica? Que en lugar de combatir las tendencias depresivas de la crisis financiera y económica internacional con más recursos públicos para estimular la actividad económica, nuestro país tuvo que frenar las inversiones contribuyendo a profundizar la caída económica.
El Acuerdo con el Fondo proveerá de recursos, tanto del propio FMI, como de los bancos multilaterales, y financiamiento local e internacional privado para expandir el gasto público en no menos de US$3.000 durante la vida del acuerdo. El FMI nos proporcionará 1.095 millones de Derechos Especiales de Giro, la unidad monetaria del FMI, y que al tipo de cambio actual supera los US$1.700 millones. Esto equivale a girar, durante los 28 meses del acuerdo, el 500% de la cuota de capital del país en el FMI, que es de 219 millones de DEG. Lo novedoso de este acuerdo, es que algunos tramos de los recursos del Fondo podrán ser utilizados para apoyo presupuestario, al menos unos 450 millones según se desprende del MPEF, cuando antes siempre solamente se podían usar para reservas internacionales. Hubiéramos preferido un acuerdo de 18 meses, con 300% de la cuota, que de ser necesario se ampliare con otro de 12 ó 18 meses más a su término. Eso da más flexibilidad y capacidad de negociar.
El nuevo acuerdo permitirá tornar la política fiscal en anti-cíclica. Es decir, en una política que aumentará la capacidad de gasto del Gobierno vía el gasto público. Importantes obras de infraestructura podrán llevarse a cabo. Concomitantemente el nuevo acuerdo permitirá elevar el gasto social, tanto en transferencias directas a los más pobres, agregando 70.000 nuevos beneficiarios a los programas de Solidaridad, para focalizar las transferencias de subsidio a los pobres que realmente requieren de ello. Igualmente se indica que el gasto en educación y salud se incrementará en 0,75% del PIB durante la vida del acuerdo, todavía insuficiente, pero un progreso plausible.
Debido a este carácter anti-cíclico, el nuevo acuerdo, hasta donde llega nuestra información, ya que el Memorando Técnico de Entendimiento no ha sido publicado, no contiene tope al incremento de la Activos Internos Netos del Banco Central, lo que permite mantener una política de estímulo al crédito, ni hay tope de contratación de Deuda Pública. Incluso, el programa en MPEF prevé un incremento de la deuda pública de un 5% del PIB en la vida del acuerdo, incluyendo la salida del país al mercado de capitales el próximo año 2010 y eventualmente en 2011, con un bono de US$500 a 600 millones. Evidentemente, en el marco de una política de sostenibilidad de la deuda, y que la misma no crezca más allá del 40% del PIB, se establece como meta que este año se tenga un déficit primario, es decir todos los ingresos y gastos públicos, sin incluir los pagos de intereses de la deuda, de 0,8% del PIB, bajando paulatinamente a 0% el 2010 y llevándolo a un superávit de 2% en 2012.
Debido a este carácter anti-cíclico del acuerdo, se prevé lo que hace meses habíamos repetido y promovido: aumentar el déficit fiscal global de 3,3% del PIB como se había programado en el presupuesto de 2009, a un 4,5%, es decir incrementarlo en 1,2% del PIB, que vendría a ser el tamaño del programa de estímulo fiscal dominicano. Moderado, si se compara con el disparo de casi 10% del déficit fiscal en muchas economías desarrolladas ñdebido a los programas de rescate del sector financiero y los Programas de Estímulo. Pero de cierta significación para una economía que se ha estresado a un nivel que su crecimiento promedio del período anterior de 7% del PIB no será mayor del 1.5% este año. Por ejemplo, el programa de estímulo fiscal de Chile, el más grande de la región, es de 2,8% del PIB. Lo importante del acuerdo además, es que incluye una agenda de reformas estructurales, de las cuales destacamos dos: la reforma del sector eléctrico y la revisión de las exenciones fiscales.
En el primer caso hay un compromiso que implicará un fuerte esfuerzo de parte del gobierno: eliminar los atrasos con los generadores a diciembre de este año. La eliminación de los atrasos sin desmontar los entuertos contenidos en los contratos de compra de energía de parte de las EDES y la CDEEE, y sin reestructurar la tarifa eléctrica, que no necesariamente significa aumentarla, no resolvería nada. Los atrasos con los generadores se producen por una estructura del sector que contiene un sesgo anti-distribución (rigidez en la tarifa, sobreprecios de combustibles en la compra a los generadores, entre otros) y un sesgo pro-generador, que produce ganancias desproporcionadas a costa de las empresas distribuidoras. Fue así desde el 2001 cuando se instituyó el Acuerdo de Madrid. El programa promete un programa de reformas en este sector, que baje las transferencias del gobierno de 2,7% del PIB en 2008, a 1,1% este año, a 0,8 en 2010. Un programa ambicioso, necesario, donde sólo debe tenerse como norte la protección de los quintiles más pobres de la población para no crear un conflicto social aún mayor. La revisión y eventual eliminación de las exenciones fiscales afectará a muchas rentas que no se justifican hoy en día, pero que afectará también muchos y poderosos intereses creados.
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