LISTIN DIARIO- 7/28/2009Por Julio Ortega Tous
Las denuncias de corrupción y nepotismo arropan la atención nacional. Hay que reconocer que la labor de los medios de comunicación en una democracia funcional es velar por el interés público.
La función de periodistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y una gran variedad de activistas sociales y “hacedores de opinión” es investigar y denunciar las prácticas reñidas con la buena administración de los recursos públicos. Aunque esas denuncias y labor de monitoreo no puede ser instrumentada por intereses espurios o políticos particulares.
Pero esa labor de “contrapesos” de la democracia de organismos de la “sociedad civil”, no sirve de mucho sino están acompañadas por fuertes instituciones estatales independientes del poder político, que sean garantes del Estado de Derecho de una democracia funcional. Esas fuertes instituciones que sirvan de contrapeso del poder político no hay que inventarlas.
La experiencia internacional nos indica cuales son. Solo hay que dotarlas de capacidad y estabilidad que le den plena independencia. ¿Cuáles son esas instituciones? En primer lugar el Sistema Judicial en su conjunto. Un sistema judicial fuerte, con recursos para no estar sometido al “oro corruptor”, comenzando con la Suprema Corte de Justicia, un sistema de control constitucional independiente y tribunales inferiores con jueces de carrera, inamovibles y bien remunerados son la piedra angular.
Pero eso no basta. El país ha avanzado bastante en ese camino desde la reforma constitucional del 1994 que estableció la independencia del poder judicial y la inamovilidad de los magistrados de la Suprema. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero es indudable que lo que hay hoy es totalmente distinto a lo que había hace 15 años atrás. Ahora bien, por más independiente que sean los jueces, inamovibles y con recursos suficientes para llevar a cabo sus labores, nada se logra sin un ministerio público también independiente del poder político transitorio.
Y de eso adolecemos ahora, y los constituyentes que están revisando nuestra Carta Magna no quieren que tengamos un ministerio público separado del poder político, independiente, inamovible por periodos de tiempo y que pueda ser el que complemente la independencia del sistema judicial.
Sin eso, el combate a la corrupción y el imperio de la ley a nivel público y privado, se queda en letra muerta. Otro factor fundamental es contar con una Cámara de Cuentas y una Contraloría General de la República también independientes, con personal capaz y con capacidad efectiva de intervenir la administración desde que se detecte algún manejo irregular a las buenas prácticas administrativas.
Esos son los remedios y la manera de prevenir que el cáncer se expanda más. Algunos de esos requisitos han avanzado, otros ni siquiera voluntad política existe para incorporarlos en la nueva Constitución, no solo en el gobierno, sino en los partidos de oposición. Por ello, el problema que hoy preocupa a los dominicanos, no desaparecerá, ni con cambio de funcionarios, ni siquiera con cambio de inquilinos en el Palacio Nacional.
Porque el problema de la corrupción está arraigado en la cultura política dominicana. La principal savia de ese arraigo de la corrupción en la política nacional es el clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? Simplemente que las personas que se incorporan a la actividad política y electoral, ya sea como candidatos o como simples activistas, solo lo hacen con el declarado fin de obtener una prebenda personal o familiar.
“Yo me fajé en la campaña y a mi hay que buscarme lo mío”. ¿Les suena extraño a los lectores esa actitud? ¿Es esta búsqueda de su “pago” por sus “meritos políticos” exclusiva de un solo partido en nuestro país? Inclusive, es casi público que los políticos “inviertan” en las campañas para “sacar rédito” si obtienen el triunfo, y que la población lo vea como algo “normal”.
Por tanto la actividad política, en lugar del debate de proyectos políticos, proyectos de nación, de cambios o de reformas, lo que los norteamericanos llaman “la conquista de las mentes y las ideas” de los ciudadanos, en nuestro país ha sido casi totalmente desaparecido. Los políticos “invierten”. Y la mayoría de los ciudadanos buscan como “sacar lo suyo” con un puesto en la administración.
A lo máximo se convierten en apáticos y dicen que “la política es una porquería y no me interesa”, actitud cada vez más expandida en la juventud.
Esa concepción patrimonial del Estado de los políticos ha corrompido totalmente las almas y la naturaleza de la política nacional. Nadie discute proyectos de nación. Nadie se interesa en programas o propuestas. Sean revolucionarios, reformadores o conservadores.
Solo se valora el que más “da” y por tanto, aquellos que reciben, ejercen un voto desde su origen ya corrompido. Por ello las campañas electorales son “guerras de papeletas y dinero”. La gente va a los mítines y actividades cuando se les da dinero y hasta comida o alcohol.
Nadie se moviliza para defender una idea, como fue el caso de la gran movilización que hizo el actual Presidente de Estados Unidos Barack Obama, en la juventud y las clases trabajadoras de su país, donde la gente en lugar de esperar recibir dinero, aportan aunque sea un dólar o un trabajo voluntario.
El patrimonialismo del Estado en República Dominicana transforma en el patrimonialismo de las instituciones.
¿Qué queremos decir con esto? Que al concebirse la política como una forma de enriquecimiento personal o grupal, o una forma de resolver sus problemas de pobreza, miseria o ascenso social, esa concepción se transfiere a las entidades del gobierno. El incúmbete de una posición entiende que es de su propiedad.
La falta de movilidad en las instituciones, donde un funcionario dura hasta 15 años en su puesto agrava el problema. Por ello, el nepotismo, es decir el llenar las entidades de familiares no es nada raro. Hoy se quiere crucificar a determinados administradores.
Pero la enfermedad no está en la sabana o en los picos de los icebergs. La enfermedad está en un sistema corrupto desde su concepción.
Con unos medios de comunicación que solo responden a intereses de determinados grupos empresariales o incluso empresarios particulares.
Muchos periodistas subidos al carro de “búscame lo mío”, abierta o encubiertamente. La extorsión como medio generalizado en un país altamente comunicado.
Por ello, esta discusión actual debe aprovecharse para ir al fondo. Aprovechar la reforma constitucional y crear un ministerio público totalmente independiente. Órganos de control, que combinen control institucional con control ciudadano. Lo demás es cháchara y politiquería coyuntural con la sola intención de crucificar al Presidente y algunos miembros de su gobierno.
La función de periodistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y una gran variedad de activistas sociales y “hacedores de opinión” es investigar y denunciar las prácticas reñidas con la buena administración de los recursos públicos. Aunque esas denuncias y labor de monitoreo no puede ser instrumentada por intereses espurios o políticos particulares.
Pero esa labor de “contrapesos” de la democracia de organismos de la “sociedad civil”, no sirve de mucho sino están acompañadas por fuertes instituciones estatales independientes del poder político, que sean garantes del Estado de Derecho de una democracia funcional. Esas fuertes instituciones que sirvan de contrapeso del poder político no hay que inventarlas.
La experiencia internacional nos indica cuales son. Solo hay que dotarlas de capacidad y estabilidad que le den plena independencia. ¿Cuáles son esas instituciones? En primer lugar el Sistema Judicial en su conjunto. Un sistema judicial fuerte, con recursos para no estar sometido al “oro corruptor”, comenzando con la Suprema Corte de Justicia, un sistema de control constitucional independiente y tribunales inferiores con jueces de carrera, inamovibles y bien remunerados son la piedra angular.
Pero eso no basta. El país ha avanzado bastante en ese camino desde la reforma constitucional del 1994 que estableció la independencia del poder judicial y la inamovilidad de los magistrados de la Suprema. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero es indudable que lo que hay hoy es totalmente distinto a lo que había hace 15 años atrás. Ahora bien, por más independiente que sean los jueces, inamovibles y con recursos suficientes para llevar a cabo sus labores, nada se logra sin un ministerio público también independiente del poder político transitorio.
Y de eso adolecemos ahora, y los constituyentes que están revisando nuestra Carta Magna no quieren que tengamos un ministerio público separado del poder político, independiente, inamovible por periodos de tiempo y que pueda ser el que complemente la independencia del sistema judicial.
Sin eso, el combate a la corrupción y el imperio de la ley a nivel público y privado, se queda en letra muerta. Otro factor fundamental es contar con una Cámara de Cuentas y una Contraloría General de la República también independientes, con personal capaz y con capacidad efectiva de intervenir la administración desde que se detecte algún manejo irregular a las buenas prácticas administrativas.
Esos son los remedios y la manera de prevenir que el cáncer se expanda más. Algunos de esos requisitos han avanzado, otros ni siquiera voluntad política existe para incorporarlos en la nueva Constitución, no solo en el gobierno, sino en los partidos de oposición. Por ello, el problema que hoy preocupa a los dominicanos, no desaparecerá, ni con cambio de funcionarios, ni siquiera con cambio de inquilinos en el Palacio Nacional.
Porque el problema de la corrupción está arraigado en la cultura política dominicana. La principal savia de ese arraigo de la corrupción en la política nacional es el clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? Simplemente que las personas que se incorporan a la actividad política y electoral, ya sea como candidatos o como simples activistas, solo lo hacen con el declarado fin de obtener una prebenda personal o familiar.
“Yo me fajé en la campaña y a mi hay que buscarme lo mío”. ¿Les suena extraño a los lectores esa actitud? ¿Es esta búsqueda de su “pago” por sus “meritos políticos” exclusiva de un solo partido en nuestro país? Inclusive, es casi público que los políticos “inviertan” en las campañas para “sacar rédito” si obtienen el triunfo, y que la población lo vea como algo “normal”.
Por tanto la actividad política, en lugar del debate de proyectos políticos, proyectos de nación, de cambios o de reformas, lo que los norteamericanos llaman “la conquista de las mentes y las ideas” de los ciudadanos, en nuestro país ha sido casi totalmente desaparecido. Los políticos “invierten”. Y la mayoría de los ciudadanos buscan como “sacar lo suyo” con un puesto en la administración.
A lo máximo se convierten en apáticos y dicen que “la política es una porquería y no me interesa”, actitud cada vez más expandida en la juventud.
Esa concepción patrimonial del Estado de los políticos ha corrompido totalmente las almas y la naturaleza de la política nacional. Nadie discute proyectos de nación. Nadie se interesa en programas o propuestas. Sean revolucionarios, reformadores o conservadores.
Solo se valora el que más “da” y por tanto, aquellos que reciben, ejercen un voto desde su origen ya corrompido. Por ello las campañas electorales son “guerras de papeletas y dinero”. La gente va a los mítines y actividades cuando se les da dinero y hasta comida o alcohol.
Nadie se moviliza para defender una idea, como fue el caso de la gran movilización que hizo el actual Presidente de Estados Unidos Barack Obama, en la juventud y las clases trabajadoras de su país, donde la gente en lugar de esperar recibir dinero, aportan aunque sea un dólar o un trabajo voluntario.
El patrimonialismo del Estado en República Dominicana transforma en el patrimonialismo de las instituciones.
¿Qué queremos decir con esto? Que al concebirse la política como una forma de enriquecimiento personal o grupal, o una forma de resolver sus problemas de pobreza, miseria o ascenso social, esa concepción se transfiere a las entidades del gobierno. El incúmbete de una posición entiende que es de su propiedad.
La falta de movilidad en las instituciones, donde un funcionario dura hasta 15 años en su puesto agrava el problema. Por ello, el nepotismo, es decir el llenar las entidades de familiares no es nada raro. Hoy se quiere crucificar a determinados administradores.
Pero la enfermedad no está en la sabana o en los picos de los icebergs. La enfermedad está en un sistema corrupto desde su concepción.
Con unos medios de comunicación que solo responden a intereses de determinados grupos empresariales o incluso empresarios particulares.
Muchos periodistas subidos al carro de “búscame lo mío”, abierta o encubiertamente. La extorsión como medio generalizado en un país altamente comunicado.
Por ello, esta discusión actual debe aprovecharse para ir al fondo. Aprovechar la reforma constitucional y crear un ministerio público totalmente independiente. Órganos de control, que combinen control institucional con control ciudadano. Lo demás es cháchara y politiquería coyuntural con la sola intención de crucificar al Presidente y algunos miembros de su gobierno.
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